Movilizaciones en Francia cuestionan la legitimidad de Emmanuel Macron
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No obstante, el confinamiento debido a la pandemia de la COVID-19, cerca de doscientas mil personas en París, según los organizadores, cincuenta mil según la policía; y decenas de miles en otras setenta ciudades de provincias, mientras que la policía contabiliza solo ciento cincuenta mil personas en todo el país, minimizando una vez mas la amplitud de este movimiento de protesta en defensa de las libertades democráticas en Francia.
Movilización masiva que ha reunido sectores muy diversos de la sociedad francesa, el conjunto de las organizaciones sindicales, de los partidos políticos de la izquierda parlamentaria (Francia insumisa, ecologistas, comunistas, socialistas), organizaciones y asociaciones de defensa de los derechos humanos, así como la extrema izquierda extraparlamentaria.
El Frente Nacional de extrema derecha, los Republicanos (derecha tradicional) y LREM (movimiento macronista), sostienen en cambio esa ley liberticida que con el pretexto de «proteger a la policía», se propone liquidar la libertad de prensa, la libertad de reunión y de manifestación. Precisión que desmiente a los que afirmaban que Macron no era «ni de derechas ni de izquierdas». Actualmente su política represiva es simplemente de extrema derecha.
El prefecto de París, Didier LLalement, quien parece confundir concentración y campo de concentración, siguiendo las órdenes del titular de interior Gerald Darmanin y del presidente Emmanuel Macron, había intentado prohibir la manifestación de París, limitándola a una concentración estática en la Plaza de la República, pero el recurso judicial presentado por el colectivo «Stop seguridad global» y por el sindicato de periodistas SNJ CGT fue aceptado por los tribunales, y la manifestación finalmente autorizada para cubrir el recorrido de la plaza de la República a la Plaza de la Bastilla en París.
Obstinado en dar satisfacción a una minoría xenófoba y fascista pero muy activa en el seno de la policía nacional francesa, el gobierno del presidente Macron atraviesa una nueva crisis política de gran envergadura. Su ceguera al negar la abyecta violencia policial y su oportunismo utilizando la crisis sanitaria para practicar una deriva autoritaria del poder presidencial han provocado una respuesta ciudadana espectacular.
En defensa de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad de información, de la libertad de manifestación y reunión, para reclamar la anulación de la «Ley seguridad global» y denunciar la impunidad de la que goza esa minoría policial responsable de graves y desmesuradas violencias, decenas de miles de personas han desafiado hoy en Francia el confinamiento. Lo que llama la atención en esta poderosa movilización es la diversidad de esa multitud de edades y orígenes diversos.
Jóvenes y adultos, activos y jubilados, periodistas, profesores, trabajadores sanitarios, sindicalistas, estudiantes, abogados, «chalecos amarillos», militantes y partidos políticos, más de un centenar de diputados y personalidades electas, el mundo de la cultura (emocionante la declaración de la actriz Anouk Grinberg), el colectivo de trabajadores de inmigrantes indocumentados («sans papiers», les llaman aquí), organizaciones como el comité Adama y otras asociaciones contra la violencia policial, organizaciones de defensa de los derechos humanos, en total setenta sindicatos y asociaciones, ha salido a la calle para denunciar la «deriva autoritaria» del presidente Macron y de su gobierno.
La chispa que ha encendido esta protesta masiva, muy superior a las dos anteriores manifestaciones del 17 y el 24 de noviembre ha sido el último episodio de esa violencia policial, una vez más filmada con pruebas irrefutables: La brutal agresión gratuita y racista de varios policías contra Michel, un productor de música, por el simple hecho de ser un hombre de color. Las imágenes filmadas por una cámara de video vigilancia han circulado en las redes sociales, y la televisión se ha visto obligada a difundirlas, aunque con mucha moderación.
El ministro del interior por su parte ha anunciado una «investigación» y ha suspendido a los cuatro policías incriminados, admitiendo el carácter inaceptable de esas imágenes. Pruebas de violencia policial racista gratuita y desproporcionada que no hubiesen nunca existido si se aplica la ya citada «Ley seguridad global».
El presidente Macron que avala con sus declaraciones y sus silencios ese comportamiento policial, negando la existencia de la violencia policial en Francia, parece descubrir «lo inaceptable» de esas imágenes, que se añaden a las acumuladas desde hace dos años, gracias al excelente trabajo de numerosos reporteros y manifestantes que han sufrido a menudo ellos mismos dicha violencia policial.
Con el pretexto de la crisis sanitaria, Macron y su gobierno prosiguen su política antisocial, y mientras afirman «proteger a los franceses» protegen sobretodo a sus amigos millonarios del CAC 40 y a todas las multinacionales que se están enriqueciendo en plena pandemia, mientras crece la miseria y aumenta el número de desempleados y precarios.
Pero no ha faltado tampoco este 28 de noviembre la enésima provocación de un grupo de «encapuchados», que se han enfrentado con la policía en las inmediaciones de la Bastilla, para ofrecer imágenes a las cadenas de desinformación continua, cuando todavía la gigantesca y pacífica manifestación no había salido completamente de la plaza de la República. ¿Cuanto tiempo será necesario para saber quién manipula esas provocaciones destinadas a desautorizar y criminalizar la protesta social en Francia?
Recordemos que muchos años después de la «violenta» manifestación de los trabajadores de la siderurgia en marzo de 1979 en París, salió a la luz por fin que los provocadores más violentos eran agentes de la policía.
La movilización de este sábado no es más que el comienzo. El sábado próximo han sido ya anunciadas nuevas manifestaciones para obtener la anulación de la «Ley seguridad global» y reclamar la refundación de una policía nacional al servicio de la República y de los ciudadanos.
Todo régimen que se apoya solamente en la represión policial para mantenerse en el poder, tiene a mi entender los días contados, aunque esa espera sea más o menos larga, y deberá un día rendir cuentas de sus actos.
En democracia, el prefecto de París, como el ministro del Interior, como mínimo, deberían haber dimitido hace tiempo. En cuanto a Macron y su gobierno deberían convocar elecciones anticipadas para justificar su legitimidad, que se encuentra hoy en tela de juicio. En caso contrario la fractura social se agravará aun más de forma peligrosa e irremediable.