Proponen legisladores de Movimiento Ciudadano impuesto verde a 100 empresas contaminantes
Monterrey, N.L., 3 Jul. 2019.– Legisladores de Movimiento Ciudadano presentaron en el Congreso del Estado una iniciativa de modificación a la Ley de Hacienda, para crear un impuesto ecológico aplicable sólo para 100 empresas, consideradas como las que mayores daños hacen al medio ambiente con la emisión de contaminantes aéreos, sólidos y líquidos.
Este impuesto Verde generaría a las arcas estatales más de cuatro mil millones de pesos cada año, recursos que se propone etiquetar para uso de conservación del medio ambiente y otros rubros, evitando el gasto administrativo o de salarios por parte del gobernador en turno.
El senador de MC Samuel García, junto con los diputados locales Karina Barrón, Mariela Saldivar y Luis Donaldo Colosio, entregó en la oficialía de partes del Poder Legislativo la propuesta de reforma.
El también dirigente estatal de Movimiento Ciudadano señaló que la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene identificadas de manera plena a las empresas, tanto del sector industrial y manufacturero, como las dedicadas a la extracción y producción de minerales y sustancias peligrosas, que mayores cantidades de contaminantes generan en Nuevo León.
Sin embargo, agregó García, estas compañías, algunas de las de mayor poderío económico en la entidad y a nivel nacional, pero que no tienen sanción alguna por el daño ecológico y de salud a la población que generan sus sistemas operativos.
Es por ello que con el impuesto verde se pretende, primero, sancionarlas por violar la ley ambiental, y en segundo y tener punto, cobrarles un cargo proporcional a los contaminantes que emitan, para generar recursos que ayuden a la recuperación de las áreas dañadas y se atienda a las personas afectadas en su salud por los contaminantes.
El legislador de MC precisó que esta modificación a la ley hacendaria para crear el impuesto verde no podría ser combatida en los juzgados por los empresarios, al existir como antecedente una legislación similar aplicada desde hace dos años en el estado de Zacatecas y que fue avalada por su constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.