Reforma busca elevar a rango constitucional la salud para todos: Alcocer

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, durante la conferencia matutina presidencial en Palacio Nacional, el 19 de enero de 2024. Foto La Jornada

 

Ciudad de México. La iniciativa de reforma en materia de salud pretende llevar a nivel constitucional la obligación del Estado para brindar atención en la materia a todos, además de prohibir la producción, venta y consumo de sustancias dañinas como los vapeadores y drogas sintéticas, en particular el fentanilo, se informó en la mañanera presidencial de este martes.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, refirió que la reforma en salud enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada al Congreso de la Unión busca que el Estado garantice la atención médica integral, universal y gratuita.

Esto es, explicó, que todos los servicios en la materia sean incluidos, entre ellos estudios médicos, equipo, fármacos necesarios e intervenciones quirúrgicas.

Para ello se propone una modificación al artículo 4 de la carta magna.

En una segunda parte, dijo que la iniciativa del mandatario pretende también adiciones a los artículos 4 y 5 de la Constitución para proteger la salud a partir de la prohibición de la “producción, distribución y ejecución” de vapeadores y otros cigarrillos electrónicos, así como drogas químicas, en particular el fentanilo.

Correspondió al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Alejandro Svarch, explicar el alcance de esta segunda parte de la iniciativa presidencial.

Indicó que tanto vapeadores como drogas químicas causan un daño real a quienes los consumen, de ahí que ese es “el sentido legítimo de las reformas constitucionales” que se han propuesto.

Remarcó que de acuerdo al más reciente reporte de la Organización de las Naciones Unidas sobre drogas sintéticas mostró que en la última década las muertes relacionadas a su uso se han duplicado, y la cifra de decesos por esta causa alcanza los 275 millones alrededor del mundo.

“Lo relevante de esta iniciativa es que pone foco en el control de los consumos estratégicos para las precursores”, apuntó.

Con ello, continuó, el Estado garantizará que el precursor no se desvíe de su fin en favor de la salud (lo que es lícito). Para ello, se contará con un “ecosistema operativo y jurídico” a nivel de la Constitución que permitirá el control, y trazabilidad de todas las sustancias químicas a fin de evitar que sean usadas para la producción de drogas.

El otro rubro de esta reforma, agregó, es la prohibición a nivel constitucional de la producción, distribución y enajenación de vapeadores y cigarrillos electrónicos.

Recordó que el Laboratorio Nacional de Referencia de Cofepris realizó recientemente un estudio a estos productos y encontró más de 30 sustancias químicas dañinas para la salud, de las cuales sólo tres eran reportadas en la información del contenido.

Indicó que las empresas que comercian estos productos tienen que promover sus mercancías, pero no alertan de los daños a la salud que causan. En 2020, por ejemplo, invirtieron 164 mil millones de pesos en el país para publicidad y promoción.

Svarch aseveró que con estas modificaciones a la Constitución propuestas por López Obrador “recuperamos el sentido social de nuestra carta magna”.

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