Congreso de Nuevo León exige respeto a la legalidad del nombramiento del Gobernador Interino
Los grupos parlamentarios del PAN y del PRI del Congreso del Estado libre y soberano de
Nuevo León exigen al gobierno de Nuevo León respetar rigurosamente los principios de
institucionalidad y de legalidad en el nombramiento del Gobernador interino. El gobierno
estatal debe acatar las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que han resuelto
claramente que la atribución del nombramiento del Gobernador interino corresponde
exclusivamente al Congreso de Nuevo León.
La interpretación manipulada y engañosa que pretende hacer el gobierno estatal sobre un
mandato legal solo tiene el objetivo de confundir y polarizar a nuestra sociedad. Actualmente el
Estado atraviesa por momentos críticos, derivado de diversas malas decisiones y acciones de
Samuel García, que generaron un clima de ingobernabilidad y crisis política, por lo que es
inaceptable agravar aún más la situación actual mediante una franca violación a nuestra
Constitución.
Por otro lado, es de primordial relevancia dar a conocer que el gobierno estatal ha utilizado el
presupuesto para presionar a los municipios. En la Ley de Egresos de 2023 se aprobó un fondo
de 2 mil 500 millones de pesos destinados a proyectos municipales prioritarios en materia de
seguridad, infraestructura y movilidad que continua sin ser liberado y que el gobierno del NL
pretende utilizar como medio de presión y moneda de cambio para imponer a un gobernador
interino.
La omisión deliberada de la entrega de recursos afecta directamente a cientos de
miles de personas que no pueden ser rehenes de proyectos políticos personales, como
ir a buscar una candidatura presidencial. Esta violación a la Ley de Egresos es un acto
doloso de una preocupante irresponsabilidad social, política y económica que traerá
consecuencias jurídicas.
Una vez más exigimos el cese definitivo al uso político de las autoridades estatales en contra
de quienes no se someten a la voluntad del gobierno estatal, es inadmisible en toda
sociedad democrática el amenazar y amedrentar a fuerzas políticas de oposición.
La persecución política en Nuevo León ha sido evidente y los ciudadanos conocen muy bien la
campaña de persecución, ataque y desprestigio orquestada desde el gobierno del estado.
La designación del Gobernador Interino por parte del poder legislativo debe ir de la mano con el
compromiso de poner fin a la persecución y que se garantice plenamente el respeto a los
derechos políticos y humanos.
Aceptar el diálogo no implica un cheque en blanco. Como legisladores de oposición
demandamos un compromiso real con la democracia, la legalidad y el bienestar de la
población. La ley no se negocia, la ley se cumple.