Estado mexicano ofrece disculpa pública a Digna Ochoa a 21 años de su muerte
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ofreció una disculpa pública a Digna Ochoa y a su familia porque el Estado mexicano no pudo garantizar su seguridad e integridad personal y tampoco garantizó su acceso pleno a la justicia
- La abogada Digna Ochoa fue encontrada muerta el 19 de octubre de 2001 con dos impactos de bala, inicialmente calificado como suicidio; sus familiares lucharon para demostrar que había sido asesinada
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ofreció una disculpa pública y reconoció la responsabilidad del Estado Mexicano en la violación de derechos humanos en el caso Digna Ochoa.
“Nos encontramos hoy aquí para reivindicar y dignificar su trabajo, para resarcir y dignificar su memoria. Por ello ofrezco una disculpa pública a Digna y a su familia porque el Estado Mexicano no pudo garantizar su seguridad y su integridad personal y porque tampoco el Estado Mexicano garantizó su acceso pleno a la justicia”.
Ofreció también una disculpa pública por las fallas en la implementación de los protocolos especializados para la investigación de su caso, las faltas al debido proceso y a las debidas diligencias.
Ofreció una disculpa pública porque su lucha y su memoria no pueden ser discriminadas ni estigmatizadas por su pertenencia de género ni su pertenencia social y cultural, pues su profunda sensibilidad ante la injusticia definió su carácter militante en la defensa de los derechos humanos en nuestro país.
Dijo que como lo ha establecido la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se implementará de manera puntual todas las acciones que sean necesarias para reabrir la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las circunstancias de su muerte.
Manifestó que para ello, la Fiscalía General de la Ciudad de México ha reabierto el caso y creado la Unidad del caso Digna Ochoa, asumiendo su compromiso con la verdad y la justicia.
Explicó que a menos de un año de la notificación de la sentencia se ha avanzado de manera sustantiva en el cumplimiento de las medidas de reparación, rehabilitación e indemnización para la familia.
“Acudo en representación del Estado Mexicano a este acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública a la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa y Plácido y a su familia”, dijo.
https://twitter.com/CentroProdh/status/1582748648609353730?s=20&t=kBGjNC0DqmgF2ehVTq50xQ
Externó su reconocimiento a la familia Ochoa y Plácido por su infatigable lucha que a lo largo de 21 años ha buscado la verdad y la justicia sobre la muerte de Digna.
Dijo que el acto es ante todo un acto de reivindicación a la trayectoria de Digna Ochoa, a su compromiso en la defensa de los derechos humanos y en la defensa jurídica de los más desprotegidos.
“Una defensa siempre apegada a principios, a la ética y con una fuerte convicción social”.
Señaló que Digna Ochoa dejó un legado en la defensa de los derechos humanos y en su trabajo en los pueblos indígenas y campesinos de Veracruz, Chiapas y Guerrero, y en muchos otros ámbitos de la defensa de los derechos humanos en nuestro país que han sido eventos relevantes en donde se ha marcado una trayectoria de profesionalismo y de compromiso con los que menos tienen.
🔴 Acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano y disculpa pública a la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, y familiareshttps://t.co/bvSQemln0r
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) October 19, 2022
“El Gobierno de México reconoce la situación de riesgo en el ejercicio de la defensa de derechos humanos y del periodismo en nuestro país”, agregó Encinas.
Su hermano, Jesús Ochoa, recordó que hace 21 años tomó el caso de su hermana en sus manos, para lo que afrontó al aparato de justicia, que por muchos años sostuvo que fue un suicidio pese a las pruebas y a las amenazas recibidas por la abogada.
“Este acto es una forma muy significativa para decirles que teníamos razón: a Digna Ochoa la asesinaron por sus ideales y defender los derechos humanos, y precisamente por esos mismos ideales estamos aquí para decirte, querida hermana, que no vamos a parar hasta encontrar la verdad”, subrayó
Una calle llevará el nombre de Digna Ochoa
Alejandro Encinas acotó que el gobierno de la Ciudad de México, así como el municipio de Misantla, Veracruz, han avanzado en el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que calles de ambas ciudades lleven el nombre de Digna Ochoa.
Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que Digna Ochoa y Plácido fue una defensora de derechos humanos en el ámbito nacional mexicano e internacional, integrante del equipo del Centro Prodh y participó la defensa de casos de gran relevancia en México.
Dijo que Digna Ochoa ha sido identificada por su fuerte vocación social y amplio sentido ético.
Martí Batres Guadarrama añadió que la muerte de Digna Ochoa ocasionó una gran indignación.
Confirmó que se otorgará el nombre de Digna Ochoa y Plácido a una calle en la ciudad de Misantla, Veracruz, así como en la Ciudad de México.
“Para cumplir con esta obligación, el Estado cuenta con un plazo de dos años a partir de la notificación de la presente sentencia”.
La nomenclatura que será modificada es la de la calle General Gabriel Hernández en el tramo comprendido entre la calle Doctor Lavista y Avenida Doctor Río de la Loza, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc..
La abogada defensora de los derechos humanos fue encontrada muerta el 19 de octubre de 2001
La licenciada Digna Ochoa, cuya carrera en la defensa de los Derechos Humanos le había causado problemas de seguridad fue encontrada sin vida en su despacho el 19 de octubre de 2001 con dos impactos de bala, inicialmente calificado como un suicidio; sus familiares lucharon por demostrar que había sido un asesinato.
En el momento en que murió trabajaba en casos de ecologistas torturados en el estado de Guerrero, y desde el primer momento se barajó la posibilidad de que se tratase de un crimen de Estado por el tipo de labor que llevaba a cabo la activista, en un momento, además, en que el Ejército mexicano acumulaba denuncias por violaciones de Derechos Humanos.
De acuerdo con la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), antes de su asesinato, Digna Ochoa había sido víctima de diversas amenazas y secuestros.
“El primero se presentó el 9 de agosto de 1999 cuando fue privada de su libertad durante cuatro horas por desconocidos, quienes le sustrajeron sus pertenencias e identificaciones personales. Un mes después, el 3 de septiembre, se recibieron textos de amenaza por correo en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), lugar en el que laboraba”.
Digna Ochoa trabajaba desde 1988 en el Centro Prodh de la Ciudad de México atendiendo jurídicamente casos de violaciones a los derechos humanos.
Según la CNDH, el 7 de septiembre de 1999 Digna Ochoa solicitó medidas cautelares para ella y los miembros del Centro Prodh.
Dos meses después, el 2 de noviembre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos presentaron una petición inicial de medidas provisionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) por violación de derechos humanos en perjuicio de Digna Ochoa por parte del Estado mexicano ante la falta de investigación de los ataques y secuestros sufridos.
El 11 de noviembre de 1999 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas provisionales en favor de Digna Ochoa.
Después de casi dos años, la Corte dio por concluidas las medidas provisionales otorgadas a Digna Ochoa y demás integrantes del Centro Prodh. Dos meses después, Digna fue asesinada.
Reacciones ante la muerte de Digna Ochoa
La Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal fue la primera en manifestarse tras el asesinato de la abogada y exteriorizó su preocupación por los hechos ocurridos, sobre todo porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos había emitido una resolución en noviembre de 1999, en la que urgía al Estado mexicano a adoptar medidas de seguridad necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Digna Ochoa y Plácido y otros integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
“Por su parte, la Comisión IDH determinó que desde la muerte de la licenciada Digna Ochoa, el 19 de octubre de 2001, el Estado inició una investigación en el ámbito penal, misma que duró cerca de diez años, en la que se practicaron diversas diligencias forenses, químicas, balísticas e informes psicológicos; se tomaron pruebas testimoniales, fotográficas, entre otras”, explicó la CNDH.
Detalló que la CIDH determinó que existía una serie de irregularidades graves en la investigación.
Señaló que luego de que se determinara que la muerte de Digna Ochoa había sido por suicidio, el 6 de mayo de 2003 los familiares de la abogada ofrecieron a la fiscalía pruebas periciales que apuntaban a que Digna no tenía intenciones de suicidarse, pero estas fueron rechazadas o incluidas parcialmente.
La CIDH estableció las siguientes recomendaciones al Estado mexicano:
- Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas. La CIDH solicita a la Corte que ordene al Estado adoptar las medidas de compensación económica a satisfacción.
- Disponer las medidas de atención a la salud física y mental necesarias para la rehabilitación de la familia de Digna Ochoa y Plácido, de ser su voluntad y de manera concertada.
- Reabrir la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa.
- Disponer mecanismos de no repetición que incluyan el fortalecimiento de la capacidad investigativa de actos de violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos.
El 18 de febrero de 2020, la CIDH emitió un comunicado donde anunció que había enviado el caso de la defensora Digna Ochoa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su estudio y, en su caso, para una posible sentencia en contra del Estado mexicano.
El Estado mexicano se compromete a reabrir la investigación
El 28 de abril de 2021 el Estado mexicano reconoció ante la CIDH su responsabilidad internacional “por la violación a las garantías judiciales derivada de la muerte de la defensora y abogada Digna Ochoa y Plácido“, además de comprometerse a reabrir la investigación para determinar las causas de su muerte.
Así lo confirmó en un comunicado el Gobierno de México, que detalló que durante una audiencia pública, celebrada los días 26 y 27 de abril, reconoció “su responsabilidad por la violación a su honra y dignidad, y por la falta de una investigación con perspectiva de género”.
Según señaló la Secretaría de Gobernación, se trata de la primera vez que el estado “ha aceptado todas las pretensiones” presentadas por la CIDH, mientras que, por otro lado, reiteró el “compromiso ineludible del estado a favor de la defensa de los Derechos Humanos”.
Según la página de la CNDH, el 25 de noviembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de México por las graves irregularidades cometidas en el marco de la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido ocurrida el 19 de octubre de 2001.
En la sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano, distintas acciones de reparación y no repetición, entre ellas:
- Promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar las circunstancias de la muerta de la señora Digna Ochoa y, en su caso juzgar y eventualmente sancionar a la persona o personas responsables de su muerte.
- Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
- Diseñar e implementar una campaña para reconocer la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos.
- Elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
- Crear e implementar un “Mecanismo de Protección de Testigos que intervengan en el Procedimiento Penal”.
- Elaborar, presentar e impulsar una iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía e independencia a los Servicios Periciales.
- Elaborar, presentar e impulsar una iniciativa de reforma a la “Ley Federal Para La Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal” para que “incluya los parámetros y estándares internacionales sobre la materia para la creación y operación efectiva de un Mecanismo de Protección a Testigos”.
- Crear e implementar a nivel federal un protocolo específico y especializado para la investigación de ataques contra las defensoras y defensores de derechos humanos.
Con información de N+ y la CNDH