Agrega que con esa versión –construida por la extinta Procuraduría General de la República– se ocultó la verdad de los hechos contra los normalistas, se alteraron las escenas del crimen, se escondieron los vínculos de autoridades con el grupo delictivo conocido como Guerreros Unidos, al igual que la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes.
En el informe se presenta una serie de argumentos que desmoronan la llamada verdad histórica, que en su momento dio a conocer Jesús Murillo Karam, titular de la PGR en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La principal línea hallada por la actual comisión apunta, a diferencia de la versión del pasado, que los normalistas no fueron incinerados juntos en el basurero de Cocula, pues se les separó al menos en tres grupos en la salida de la terminal de autobuses de Iguala, Guerrero.
“Operaron por lo menos tres células, seis grupos y un mando central en la tarea de la desaparición, en donde fueron trasladados a distintos puntos tanto que estaban en el Palacio de Justicia como estaban en la zona de Periférico y evidentemente no estuvieron juntos, es lo que estamos confirmando”, enfatizó el presidente de la comisión, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
El balance tras el análisis de toda la evidencia a la que se allegó la comisión apunta que “la verdad histórica la definimos como el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder”, la cual se fundó en los elementos: una llamada de una persona propietaria de una tienda de abarrotes en las cercanías de Cocula e Iguala, en los interrogatorios obtenidos mediante tortura a 77 personajes que fueron liberados por un juez en Tamaulipas, en dos diligencias firmadas por una agente del Ministerio Público federal “que se encontraba en el mismo lugar y en la misma hora en Guerrero y en la Ciudad de México”, y en la versión de la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula.
“Son los actos de tortura cometidos, por lo menos hasta ahora acreditados, a 77 personas por funcionarios públicos de distintas áreas de gobierno, y que fueron privados de su libertad. Esto ha quedado plenamente acreditado con las 50 horas de videos que entregó el Centro Nacional de Inteligencia de la fiscalía. Dos de esos videos son públicos, se dieron a conocer a través de los medios de comunicación.”
La verdad histórica también fue aniquilada gracias a que se obtuvieron videos de los sobrevuelos de drones de la Secretaría de Marina que se realizaron en las fechas de los crímenes por la zona, y que la dependencia entregó a la comisión, en los cuales se detectó la intervención de autoridades en el basurero de Cocula –para sembrar evidencia– y que ha sido ampliamente analizado por el GIEI y que fue presentado en su último informe.
Se revisó y evaluó una red de llamadas telefónicas que se dieron entre el 26 y el 28 de septiembre, tras analizar 87 millones de registros en expedientes que permitieron depurar una base de 84 mil registros para el periodo en que ocurrieron los hechos violentos y ubicar 17 mil números diferentes que estuvieron participando en las operaciones de ese día; además que se tuvo acceso a 467 capturas de pantalla con las que se pudo reconstruir 37 conversaciones de cinco números telefónicos distintos entre 36 actores que participaron en los hechos, y que se refieren a 35 personas adicionales.
Encinas subrayó que “no hay ningún parecido” entre el informe dado a conocer ayer y la verdad histórica, pues ésta “dice que incineraron a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, nosotros hemos señalado que intervinieron varios grupos y los dispersaron, y que hubo distintas formas de intervención en las agresiones contra los estudiantes. Yo no veo ningún punto de coincidencia en ello”.
