Problemas de agua: Conflictos sociohídricos marcan la historia reciente

Tribunadequeretaro.com.- Además del estrés hídrico y la sequía que amenazan a nuestra entidad, el agua ha sido motivo de al menos 14 conflictos sociales y ambientales —directos o indirectos— durante la última década, esto en la zona metropolitana de Querétaro, así como en San Juan del Río y Amealco de Bonfil.

En su recuento documental, Bajo Tierra Museo del Agua observa que las problemáticas son de distinta índole; por ejemplo, contaminación de cuerpos de agua, desabasto y privatización en algunas colonias, deterioro e inundaciones por urbanización, entre otros. Esta situación se vio agravada por las protestas con la recientemente aprobada Ley de Aguas, que generó múltiples manifestaciones e iniciativas para su modificación.

Algunas de estas situaciones han sido, la privatización del agua en La Pradera, munición de El Marqués en 2019. Con la concesión en manos de la empresa Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado (Aquaa), la ciudadanía sufre de cortes de agua y mal servicio, además que da la oportunidad a las autoridades para deslindarse del tema.

“El fraccionamiento La Pradera fue construido parcialmente, y con materiales de baja calidad, por la empresa Casas GEO antes de ser abandonado sin entregarlo a las autoridades municipales e instituciones a cargo de la prestación de servicios básicos”, explica el reporte realizado en colaboración con Ejolt – Environmental Justice.

Cabe recordar que las personas exigen que sea la Comisión Estatal de Aguas (CEA) la que brinde el servicio del agua, sin embargo, el organismo público argumenta no tener infraestructura para proveer al polígono. Aquaa también brinda servicio en otros fraccionamientos aledaños, como El Refugio.

En su registro también incluyen al Acueducto II, obra realizada durante el sexenio de Francisco Garrido Patrón y que “ha generado más problemas por la distribución del agua potable en el valle de Querétaro, lejos de aportar una solución al estrés hídrico de la zona”. Advierten que ha habido una sobreexplotación y mal mantenimiento de la infraestructura.

Otro conflicto está en el río San Juan, cuya contaminación trae consigo riesgos como pérdida de biodiversidad, vulnerabilidad hidrológica y afectaciones a la salud. El origen del problema lo rastrean en el año 2003.

Bajo Tierra Museo también señaló que la contaminación de la presa “El Batán”, municipio de Corregidora provocó daños a la vida acuática de la presa y problemas de salud, todo ligado a la urbanización “salvaje” de la zona metropolitana. “Existe además un riesgo de cambio de uso de suelo y urbanización en la reserva ecológica donde se encuentra la presa”, advierten.

Otro caso emblemático es el de Santiago Mexquititlán, en Amealco de Bonfil, donde el conflicto inició a finales de la década de los setenta: “La comunidad indígena de Santiago Mexquititlán se opone a la extracción ilegal de agua por actores privados mientras la población sufre de graves problemas de acceso y escasez de agua”.

Como parte de la lucha, habitantes de la comunidad indígena han tomado pipas y realizado manifestaciones en la ciudad de Querétaro. Derivado de su resistencia, han sido hostigados y estigmatizados por las autoridades. En mayo de 2021, tres personas fueron detenidas y posteriormente liberadas al no poderles imputar delitos.

No todos los casos están ligados con cuerpos de agua o la distribución de ésta. Por ejemplo, el eje Zaragoza para Qrobús, que planteaba retirar aproximadamente 800 árboles para este proyecto vial de 2019. Cabe mencionar que el gobierno de Francisco Domínguez Servién lo descartó y llevó este eje a Pie de la Cuesta, donde sí fue concluido.

Por otra parte, la depredación inmobiliaria también está catalogada como un conflicto socioambiental. Señalan al grupo Carther de querer urbanizar un polígono en el ejido de El Zapote para construir el desarrollo Tierra Noble Juriquilla. “La empresa… intenta desarrollar un proyecto dentro de una Área Natural Protegida, sin contar además con los permisos de uso de suelo ni el acuerdo de todos los ejidatarios, dueños de la tierra”.

Este semanario documentó el año pasado que existen amparos en los cuales se señala que dicho polígono no forma parte de un área protegida, sin embargo, el conflicto para comenzar con las obras sigue abierto y latente entre los particulares y las autoridades.

Lo mismo ocurre con Hércules y La Cañada, donde ha habido una increíble presión inmobiliaria que se traduce en contaminación por aguas residuales, gentrificación, afectaciones a la salud, vulnerabilidad ecológica y pérdida de biodiversidad. El inicio del problema se ubica en 2020 y afecta a los municipios de Querétaro y El Marqués.