Demandan la remoción y no ratificación de titular de CEDH
Monterrey, N.L., 6 Mar. 2020.– La coalición social Familias Fuertes Unidas por México demandó la remoción de la presidenta estatal de Derechos Humanos, Sofía Velasco Becerra porque va en contra del Derecho a la Vida y muestra interés sólo en lo que afecta a unos cuantos.
Lo anterior mediante oficio presentado en el Congreso de Nuevo León en el que también se asienta que “no sea ratificada” en el cargo, porque:
“No podemos confiar en una presidenta de la comisión de derechos humanos que vaya en contra del derecho a la vida. Estamos seguros de que es oportuno y urgente que sea removida o no ratificada”. Y se designe a otra persona.
En la exposición, Familias Fuertes Unidas por México establece que es necesario que se dé un cambio en la CEDH para garantizar la atención de necesidades urgentes que afectan a los ciudadanos.
Además, la organización asegura que Velasco Becerra “no ha atendido los asuntos más urgentes que afectan a la mayoría de la sociedad y se ha concentrado en su promoción personal utilizando temas de agenda ideológica”.
Familias Fuertes enfatiza que la titular de Derechos Humanos ha sido omisa de “su deber” de incorporar el Derecho a la Vida dentro del catálogo de derechos que la Comisión debe velar, tal como está establecido, según el mandato de la Constitución de Nuevo León.
A eso se añade, de forma relevante, que en marzo de 2019 fue aprobada una modificación a la Constitución estatal para reconocer el derecho a la vida y la maestra Velasco en vez de cumplir su deber de incorporar ese derecho dentro de su ámbito de atención, se opuso y ha puesto los medios a su alcance para que desaparezca.
Se involucra en temas polémicos de minorías relacionados con la definición del matrimonio, con la educación sexual y con las personas con conceptos distintos sobre la sexualidad, abunda la agrupación para resumir que la actuación de Velasco Becerra “es desproporciónada”.
Además, Familias Fuertes Unidas por México señala que Velasco Becerra desatiende su colaboración en los esfuerzos integrales de las instituciones para disminuir la violencia y, en cambio, se afana en temas “más asociados a una agenda ideológica”.