Paridad de género: la absurda corrección
Pascal Beltrán del Río
Si usted ha leído lo que he escrito en este espacio sobre temas de paridad de género en la política, debe saber que soy un creyente en las cuotas de género para integrar el Congreso de la Unión y las Legislaturas estatales.
Mi argumento –no siempre bien recibido– es que tenemos que aumentar la presencia parlamentaria de las mujeres para que la representación popular deje de ser vista como coto de hombres.
Felizmente, la actual Legislatura del Congreso de la Unión ha impuesto récord en la proporción de mujeres, igual que lo han hecho varios congresos estatales. Faltaría que los machos abandonen su resistencia a que las mujeres presidan las cámaras.
Dicho eso, me parece un absurdo lo que está ocurriendo en cuestión de paridad de género a nivel de ayuntamientos.
Ahí la corrección política ha llegado demasiado lejos: desde el año pasado es obligatorio que los partidos presenten un número paritario de candidatas y de candidatos a las presidencias municipales.
Y una decisión reciente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha ido aún más lejos: si una entidad tiene un número impar de municipios, la mayoría de las candidaturas que presente un partido para la posición de alcalde debe ser para mujeres.
Todo comenzó en Morelos el año pasado. El instituto electoral local decidió interpretar un artículo de la ley estatal en la materia y resolvió que la paridad en la integración de las planillas de los ayuntamientos no fuese sólo vertical –es decir, intercalar a un hombre y una mujer en las candidaturas a distintos cargos en la demarcación– sino horizontal.
La decisión fue impugnada, pero prevaleció ante los tribunales electorales: a partir de la elección que estaba en curso, debería haber paridad no sólo en las planillas de cada municipio sino en las candidaturas a alcalde en toda la entidad.
Como Morelos tiene 33 municipios, se resolvió que en caso de que un partido presente planillas en todas las demarcaciones, 17 tendrían que ser de un género y 16 del otro.
Eso es algo que ahora el INE ha echado abajo: de los 13 estados del país que tendrán elecciones en junio entrante, siete cuentan con un número impar de municipios –Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas– y deberán seguir esa regla.
Eso ha obligado a muchos de los partidos en esos estados a hacer modificaciones de última hora para cumplir con la resolución del Consejo General, pues ya contaban con prospectos de candidatos a alcaldes.
El año pasado, la interpretación de paridad en Morelos, que se extendió a todo el país, provocó fenómenos indeseados, como que algunos aspirantes fuesen sustituidos por sus cónyuges.
Eso sucedió en los municipios de Loreto y Mulegé, Baja California Sur, donde el PAN reemplazó a Arturo Susarrey Amador y Pedro Osuna López, por sus respectivas esposas, Arely Arce Peralta y Cecilia López González. Ambas, por cierto, ganaron las elecciones y hoy son alcaldesas.
Otro fenómeno es que los partidos echaron mano de los municipios menos poblados, en diferentes estados, para cumplir con la cuota de género.
Es absurdo a lo que hemos llegado. No cabe duda que las cuotas tienen sentido en los Congresos porque las posibilidades de encontrar candidatas competentes y competitivas son mucho mayores, pero ¿por qué forzar las cosas, obligando a los partidos a improvisar aspirantes en los municipios?
Además, la nueva disposición del INE es más absurda aún. ¿Por qué tiene que haber más candidatas que candidatos a alcaldes?
Quizá usted esté pensando que es porque hay más mujeres que hombres. Eso es cierto a nivel nacional y en casi todos los estados, pero en Quintana Roo no: de acuerdo con el censo de 2010, en ese estado había 652 mil mujeres y 673 mil hombres.
No dejemos que la corrección política nos lleve al absurdo. Eso no sirve a las mujeres porque cuando una de ellas a la que se improvisó como candidata haga un mal trabajo, no faltará el macho que diga: “¿Ya ven? Las mujeres no sirven para la política”.