Nuevas órdenes de aprehensión contra ocho militares por caso Ayotzinapa
Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo nuevas órdenes de aprehensión en contra de los ocho militares acusados de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta vez el Ministerio Público Federal les imputará la comisión del delito de delincuencia organizada, confirmaron defensores de los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De acuerdo con información proporcionada por el abogado Alejandro Robledo, alrededor del mediodía el mandamiento judicial fue cumplimentado en contra de tres de los elementos que recién habían obtenido el beneficio de enfrentar en libertad el proceso en el que se les acusa de desaparición forzada.
A ese respecto, el litigante dijo desconocer las causas que se les imputan en esta nueva acusación, sin embargo, un testigo protegido de la FGR señaló que los militares colaboraban con el Cártel Guerreros Unidos, organización a la que se ha atribuido participaron directa en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Robledo señaló a La Jornada que en este caso los militares que no han sido detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público y del juez que emitió el mandamiento judicial, “toda vez que no hay nada que ocultar y se trata de una chicana (como se conoce en el argot jurídico a realización de una nueva acusación a fin de mantener en cautiverio a una persona), y no tienen responsabilidad”.
Los ocho militares que recién enfrentan su proceso penal en libertad y en contra de quienes ya se libró el nuevo mandamiento de captura son: Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
Estos integrantes de la Sedena permanecieron detenidos desde junio del año pasado en el Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México, y ahora de nueva cuenta serán internados en la misma prisión, y puestos a disposición del juez de la causa para que la audiencia inicial se realice a través de videoconferencia.