Tribunal colegiado da fuerte golpe al Sistema Anticorrupción

Monterrey, N.L. 20 Jul. de 2020.- La decisión de un Tribunal federal
demuestra que el proceso del Comité de Selección para la integración del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción fue un procedimiento
inconstitucional por la falta de fundamentación al seleccionar a los integrantes.
Hecho que sienta un precedente nacional acerca de la importancia de que estas
decisiones se guíen bajo los principios de objetividad, transparencia y máxima
publicidad.

De acuerdo con integrantes de la Coalición Anticorrupción, que el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa haya dado la razón a un grupo de ciudadanos
quienes promovieron un juicio de amparo, obliga a que se realice nuevamente el
proceso de selección de los participantes del CPC, observando los principios de
máxima transparencia y tomando en cuenta qué perfiles profesionales son más
aptos para los puestos, considerando a los 11 aspirantes que fueron finalistas. El
haber obviado estos pasos anteriormente, despierta sospechas de influencia
indebida de intereses políticos o partidistas sobre la elección de estos puestos, por
parte de algunos integrantes del Comité de Selección y el propio Congreso.
Las irregularidades mencionadas en la sentencia se dieron en 2018, cuando el
Comité de Selección no acreditó que las personas elegidas cumplían con los
requisitos establecidos en el artículo 20 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción
de Nuevo León, por lo que no fue posible comprobar su competencia para el cargo
dentro del Comité de Participación Ciudadana.
“Esto nos habla de la imperante necesidad de que los procesos de designación se
rijan con objetividad, transparencia y máxima publicidad a fin de que los órganos
ciudadanos sean integrados por los mejores perfiles”, detalló Mariana Perales,
directora de Hagámoslo Bien.
Por su parte, Javier Navarro-Velasco, presidente de Consejo Cívico, señaló que los
diputados locales cargan gran parte de la responsabilidad en la inoperancia y
estancamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, y cuestionó ¿a quién le interesa
que la corrupción y la impunidad no se castiguen?, ¿quién se hará responsable por
el daño causado al erario público que ha sido destinado al combate a la corrupción
sin que a dos años haya resultados?
La Coalición Anticorrupción enfatizó que ante las malas decisiones que se han
tomado en la conformación de los órganos ciudadanos dentro de la política local
anticorrupción; y de cara a la ejecutoria de amparo del Tribunal, la ciudadanía de
Nuevo León sin duda tendrá presente el mal desempeño de las autoridades
responsables de esto.