Periodismo en Colombia: se incrementan intimidaciones y censura
Periodistas en Español, 20 May. de 2019.- La Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) informa de un recrudecimiento de campañas de estigmatización y señalamientos a periodistas en Colombia que dan paso a agresiones y amenazas contra profesionales de la comunicación.
Tras la difusión este 18 de mayo en The New Times de “Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales”, el periodista encargado de cubrir la región Andina del NYT, Nicholas Casey, y el fotógrafo Federico Ríos, fueron estigmatizados a través de redes sociales, y Casey abandonó el país.
Mensajes descalificantes y fotografías donde aparecen Casey y Ríos fueron publicados por la senadora María Fernanda Cabal: “Este es el ‘periodista’ Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con las Farc en la selva. ¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el ejército de Colombia? #CaseyEsFakeNews”.
También participó en esta campaña el representante a la cámara Juan David Vélez: “El periodista de @nytimes, como los fleteros y conducido por terroristas de la guerrilla Farc, apunta con la cámara y fusila con columnas llenas de calumnias. Existen los sicarios de la opinión”.
El Comandante del Ejército Nacional de Colombia, en referencia al tema, publicó en la cuenta oficial de twitter: “Por razones de transparencia, entrego a la opinión pública el cuestionario del New York Times y las respuestas dadas al periodista frente al mismo”.
Al respecto, el senador y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, publicó: “… ignoraron las respuestas oficiales y las distorsionaron para decir que hay órdenes de asesinar inocentes y de no proteger civiles”.
El NYT no toma partido
Por su parte, el diario estadounidense respondió a las acusaciones: “The New York Times no toma partido en ningún conflicto político en ninguna parte del mundo. Informamos de manera precisa e imparcial. En Colombia hemos escrito historias muy duras sobre las Farc, los grupos rebeldes y otras organizaciones criminales. En este caso, simplemente reportamos lo que dicen los documentos escritos por el ejército, así como información proveniente de los mismos oficiales colombianos”.
“Nos preocupa que siga siendo recurrente el uso de la estigmatización y el señalamiento como formas de desprestigio de la actividad periodística y quienes la ejercen, principalmente por parte de funcionarios públicos, especialmente aquellos que ocupan cargos de elección popular; estos señalamientos están a un paso de convertirse en agresiones y, en algunos casos, en amenazas contra periodistas”, indicó Adriana Hurtado, presidenta de Fecolper.
Añade que la Federación Colombiana de Periodistas sistemáticamente ha puesto en evidencia lo peligroso y el riesgo de las estigmatizaciones a comunicadores y medios, que obstruyen el trabajo periodístico y posteriormente se convierten en ataques cuando los reporteros están informando desde el lugar de los hechos.
El caso más reciente ocurrió el pasado 17 de mayo (2019), cuando los periodistas Felipe Quintero (NTN24) desde la Fiscalía General de la Nación, Tatiana Gordillo (Caracol) y Daniel Muñoz (Telemundo) desde la Cárcel la Picota, estaban haciendo un informe sobre la liberación y posterior recaptura de Jesús Santrich y fueron atacados con agua y agresiones verbales por parte de particulares que se manifestaban pidiendo la liberación del exguerrillero.
“Nos agredieron e insultaron. Me sacaron unos chacos y me amenazaron, advirtiendo que si no me iba de ahí, me iban a bajar”, afirmó en medios de comunicación Daniel Muñoz.
La Fecolper rechaza esta ola de ataques violentos a periodistas, insta a ciudadanos a ser tolerantes con la libertad de prensa y resalta la importancia de la pluralidad de voces y medios. Además, aunque valora los mensajes del Gobierno colombiano que a través de redes sociales ha ratificado el respeto por los derechos humanos, hace un llamado al presidente Iván Duque y a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, para que reactive la construcción de la Política Pública de Libertad de Expresión para las personas que ejercen la actividad periodística y brinde acciones concretas y contundentes para disminuir y evitar ataques a los y las periodistas.